Un decreto a la medida de Jesús Ramírez: afectación al erario por 27 mil millones de pesos
El exvocero presidencial utilizó un decreto sobre extrabajadores de LyFC como instrumento de operación política, usando recursos públicos para construir redes clientelares con fines políticos, según el libro Ni venganza ni perdón, de Julio Scherer Ibarra, del que Proceso adelanta este capítulo.
Febrero 8 de 2026
l exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas utilizó un decreto presidencial sobre extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro como instrumento de operación política y construcción de redes clientelares. Según el libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer Ibarra -en coautoría con Jorge Fernández Menéndez-, del que Proceso adelanta este capítulo en exclusiva, el programa de “compensación vitalicia” —presentado como acto de justicia social— careció de sustento jurídico y financiero, generó un pasivo de casi 27 mil millones de pesos, fracturó al Sindicato Mexicano de Electricistas y colocó recursos públicos al servicio de intereses políticos del propio Ramírez Cuevas, incluida la precandidatura de Clara Brugada. Editado por Planeta, el título firmado junto a Jorge Fernández Menéndez estará en librerías a partir del 11 de febrero.
El 25 de agosto de 2022, el Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que estableció una «compensación vitalicia por justicia social» para extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Esa disposición, controvertida y discutida incluso dentro del gabinete presidencial, marcó un punto de quiebre no solo en el manejo presupuestal del Estado, sino en la interpretación de la justicia laboral.
Lo que fue presentado como un acto de reparación para quienes quedaron en el limbo laboral tras la extinción del organismo en 2009, derivó en una operación política dirigida por Jesús Ramírez Cuevas, entonces vocero presidencial, cuya influencia fue clave para convencer al presidente López Obrador de implementar el programa, pese a que la mayoría de los beneficiarios ya habían sido liquidados conforme a la ley.
Jesús Ramírez, en quien el presidente depositó una confianza plena al encomendarle esta causa, terminó abusando de ese encargo para obtener una ventaja política personal. En lugar de actuar con responsabilidad institucional, utilizó el tema para posicionar a sus aliados, intervenir en la vida sindical del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y operar políticamente en favor de Clara Brugada, candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno, a pesar de que la preferencia evidente de la candidata Sheinbaum se inclinaba por Omar García Harfuch. Esta traición política interna generó fricciones dentro del movimiento y mostró cómo una encomienda presidencial se transformó en una herramienta para jugar en contra de los intereses de la propia presidencia.
La historia comienza en octubre de 2009, cuando el presidente Felipe Calderón anunció la desaparición de LyFC, argumentando ineficiencia y cargas económicas insostenibles para el Estado. La medida afectó a más de 45000 trabajadores; de ellos, cerca de 9000 no alcanzaron la jubilación a pesar de contar, algunos, con más de 19 años de servicio. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) —hoy Indep— fue designado como liquidador. Aunque la mayoría aceptó una indemnización legal, un grupo de disidentes permaneció en resistencia y fuera de la estructura formal del SME, liderados por figuras como Rosendo Flores.
Con el cambio de gobierno en 2018, el conflicto encontró un nuevo escenario. Jesús Ramírez Cuevas, cercano colaborador del presidente desde sus campañas y figura central en la narrativa oficialista, asumió un papel de interlocutor entre los extrabajadores disidentes y el Ejecutivo. En la mañanera del 13 de octubre de 2021, López Obrador lo señaló directamente como el encargado del tema. En palabras del presidente: «Estamos ayudando a los trabajadores que fueron despedidos en el gobierno de Calderón. Jesús tiene esa encomienda». Esa en comienda desembocó en múltiples reuniones interinstitucionales con Hacienda, Gobernación, el Indep y la Consejería Jurídica.
El caso provocó un profundo giro ideológico en Jesús Ramírez, quien durante años defendió el sindicalismo independiente y crítico frente al poder. Sin embargo, en esta operación se alineó con el viejo modelo corporativista del pri: apoyo político a cambio de prebendas económicas. El grupo de extrabajadores beneficiados no tardó en asistir públicamente a actos de campaña de Clara Brugada, mostrando una clara fidelidad electoral al propio Ramírez. Consolidó una estructura clientelar, lo que explica su insistencia en incluir el tema en la agenda de la mañanera a través de sus aliados y en cumplir los acuerdos mediante una fe de erratas forzada que terminó por ampliar el universo de beneficiarios más allá de lo legalmente sustentable.
La relación entre Ramírez Cuevas y Rosendo Flores no era nueva. Según publicó La Jornada en 2002, cuando Rosendo Flores encabezaba el SME, fue apoyado públicamente en marchas por Carlos Monsiváis, quien fue mentor de Jesús Ramírez. Esa cercanía ideológica y personal entre Monsiváis y Ramírez habría sentado las bases de una alianza que, años después, se tradujo en respaldo político y administrativo para el grupo de Flores.
