Reunión Petro-Trump: narcotráfico, sanciones y riesgo de incursión militar en Colombia

Febrero 2 de 2026

BOGOTÁ (Proceso).- La reunión que sostendrán mañana martes en la Casa Blanca los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá como telón de fondo las reiteradas amenazas del gobernante republicano de que atacará unilateralmente a narcotraficantes y laboratorios de drogas en territorio colombiano.

Aunque una llamada telefónica que sostuvieron ambos mandatarios el 7 de enero último apaciguó la hostil relación que mantuvieron durante casi un año y sirvió para pactar el encuentro de mañana, Trump ha seguido insistiendo en que atacar blancos en Colombia está entre sus planes.

Esto, luego de que a lo largo del último año le había dicho a Petro, sin pruebas, “narcotraficante”, “enfermo” y “fabricante de cocaína”, y hasta amenazó con llevar a cabo una incursión militar en suelo colombiano como la que hizo el 3 de enero en Caracas para “extraer” al chavista Nicolás Maduro. Hasta le recomendó “que se cuide el trasero”.

El día de la llamada de distensión Petro, un exguerrillero del M-19, había convocado a marchas en todo el país en rechazo a las amenazas de Trump, pero horas antes de la movilización se produjo la llamada entre los dos mandatarios y el discurso antiimperialista que tenía preparado el gobernante colombiano se transformó en un mensaje conciliatorio y de una descarnada sinceridad.

Petro, primer presidente izquierdista en la historia de Colombia, ha dejado en claro que le preocupan especialmente dos sanciones que le impuso Estados Unidos: el retiro de su visa para ingresar a ese país y su inclusión en la llamada “lista Clinton” del Departamento del Tesoro por sus vínculos con organizaciones criminales y por tener activos de presunta procedencia ilícita, aunque no hay ninguna prueba conocida de esas acusaciones.

Esa lista, en la que también fueron incluidos la esposa de Petro, Verónica Alcocer; su hijo Nicolás Petro y el ministro colombiano del interior, Armando Benedetti, le impide al mandatario tener una cuenta bancaria —incluso en su país— y lo coloca en riesgo de ser detenido al salir al extranjero, particularmente cuando deje el cargo, en agosto de este año.