Loretta Ortiz propone avalar la Ley General de Comunicación Social de 2018

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La ministra propondrá avalar la legislación pese a los argumentos de organizaciones civiles, organismos constitucionales y partidos de que no sólo faltan reglas claras para la asignación de publicidad oficial sino que abre la posibilidad a que se cometan violaciones a derechos humanos.

Enero 12 de 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá a sus compañeros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalar la Ley General de Comunicación Social publicada desde mayo de 2018 pese a que no establece reglas claras para la asignación de publicidad oficial.

Luego de ocho años de haber sido impugnada por primera vez, las acciones de inconstitucionalidad tramitadas contra la Ley General de Comunicación Social serán analizadas por la Corte.

El proyecto fue realizado por Loretta Ortiz quien lo presentará este martes ante sus compañeros del Pleno a quienes propondrá avalar la legislación pese a los argumentos de organizaciones de la sociedad civil, organismos constitucionales y partidos políticos de que no sólo faltan reglas claras para la asignación de publicidad oficial sino que abre la posibilidad a que se cometan violaciones a derechos humanos.

La organización Artículo 19 advirtió que la ley no prevé la existencia de un órgano autónomo que revise, supervise o fiscalice la publicidad oficial.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que la ley no define con claridad qué debe entenderse por “mensaje extraordinario” ni establece bajo qué supuestos procede su emisión, lo que podría dar pie a que las instituciones utilicen este concepto de manera arbitraria para colocar gratuitamente sus mensajes en medios de comunicación.

Sin embargo, el proyecto de la ministra Ortiz Ahlf retomó lo resuelto por la extinta Primera Sala de la Corte en el amparo tramitado por Artículo 19 contra la Ley General de Comunicación Social en el que los ministros de la anterior integración consideraron que el Poder Legislativo no estableció reglas claras para la asignación de publicidad oficial.

“Por mandato constitucional, el Congreso de la Unión quedó obligado a expedir una legislación que, además de reglamentar el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal, dispusiera las normas en materia de comunicación social a que deben sujetarse los distintos órganos gubernamentales y que garantice que el gasto en esa materia cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que se respeten los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.