Desaparición del INAI atora acuerdo con la Unión Europea contra el narcotráfico y terrorismo

El gobierno mexicano no ha podido iniciar negociaciones formales con Europol para intercambiar datos contra el narcotráfico y terrorismo. La razón: con la desaparición del INAI el gobierno de la 4T eliminó la autoridad independiente que Europa exige como garantía de protección de datos.

Marzo 25 de 2026

BRUSELAS (Proceso).– La extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dificulta un acuerdo en materia de lucha contra el narcotráfico y terrorismo entre México y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol).

El 15 de mayo de 2023 los 27 Estados socios de la Unión Europea (UE) autorizaron las negociaciones con México para llegar a un acuerdo que permita a Europol el intercambio de datos personales con las autoridades mexicanas de seguridad.

Europol y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México ya disponen de un Acuerdo de Trabajo, vigente desde el 1 de julio de 2020. Ese acuerdo es de tipo administrativo y se centra únicamente en la cooperación práctica y en el flujo de información general de inteligencia.  A partir de entonces también existe una “oficina de enlace” de México en la sede de la policía europea en La Haya, Países Bajos, cuyo titular es, desde enero pasado, el abogado Juan Carlos Sánchez Magallán, quien reemplazó a Julio César Sánchez Amaya, el primero en ocupar el puesto. 

No obstante, tal Acuerdo de Trabajo “no establece la base jurídica para la transferencia de datos personales por Europol a las autoridades policiacas mexicanas”, advierte el propio documento en su artículo 15.

La información que ahora busca intercambiar Europol con las autoridades mexicanas es aquella “que revele origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas o afiliación sindical, así como datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, o datos relativos a la salud, a la vida sexual o a las orientaciones sexuales de una persona física”; eso sí, sólo “cuando sea estrictamente necesario, razonable y proporcionado en casos individuales para prevenir o combatir un delito”, señalan los países de la UE en el documento en el que plantean sus guías de negociación.

Ese intercambio de datos de carácter personal con terceros países es fundamental para la seguridad regional. 

Las estrategias de la UE en vigor para combatir el cada vez más poderoso narcotráfico subrayan “la urgente necesidad de desarrollar más la inteligencia (en ese campo) y mejorar el intercambio de información y las acciones de investigación con terceros países y regiones que constituyen centros principales para el crimen organizado de alto riesgo que afecta a los países de la UE”.

La Comisión Europea –el órgano ejecutivo de la UE que realiza las negociaciones en representación de Europol– justificó la necesidad de concluir tal acuerdo con México dado que “los cárteles mexicanos son organizaciones multinacionales y policriminales que han intensificado sus actividades delictivas en la UE.

Esa institución señaló en marzo de 2023, en un documento dirigido a los gobiernos europeos, que “teniendo en cuenta la Estrategia de la UE en materia de seguridad, la Estrategia de la UE contra la droga 2021-2025 y el Plan de Acción de la UE contra la droga 2021-2025, la Comisión (Europea) considera necesario añadir a México como país prioritario para iniciar negociaciones a corto plazo sobre un acuerdo que permita el intercambio de datos personales entre Europol y las autoridades mexicanas competentes”.

Sin embargo, México es el único entre un grupo de países de América Latina con el que Europol no ha ni siquiera comenzado las negociaciones.

“Tras la autorización el 15 de mayo de 2023 para iniciar las negociaciones, la Comisión se ha mantenido en estrecho contacto con las autoridades mexicanas con el fin de preparar las negociaciones. Sin embargo, las negociaciones formales aún no han comenzado”, confirmó a Proceso un portavoz de la Comisión Europea, que por razones de protocolo no puede ser identificado.