Exhorta Gobernación a autoridades estatales y municipales a no aplicar medidas restrictivas de los derechos de las personas por COVID-19
Abril 28 de 2020
Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación consideró que la emergencia sanitaria no representa el establecimiento de un estado de excepción y suspensión de garantías, señala. Imperante hacer un llamado a las instituciones públicas para reforzar la solidaridad y atenuar las reacciones de miedo e intolerancia.
En un comunicado, la dependencia, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales para que no apliquen medidas que restrinjan derechos de las personas durante el periodo de la pandemia a causa del virus SARS-CoV2 (COVID-19), además de asegurarse que tienen competencia explícita y que dichas medidas son proporcionales.
Señalo que corresponde dicha subsecretaría observar que los tres órdenes de gobierno cumplan con los preceptos constitucionales, se respeten y garantice el ejercicio de los derechos de las personas.
«La emergencia sanitaria no representa el establecimiento de un estado de excepción y suspensión de garantías.»
Precusa que tras la declaratoria de la fase 3 por la epidemia de COVID-19 en México, es imperante hacer un llamado a las instituciones públicas para reforzar la solidaridad y atenuar las reacciones de miedo e intolerancia que se han presentado en este contexto.
«Las autoridades federales, estatales y municipales deben aplicar las medidas emergentes con apego irrestricto a los derechos de las personas, y frenar todo abuso de autoridad, amenazas o castigos a la población. La sociedad en su conjunto debe ser corresponsable y acatar estas medidas de forma solidaria, sin vulnerar los derechos de terceros.»
El comunicado señala que dichas medidas deben atender los efectos diferenciados que se presentan sobre poblaciones en riesgo, excluidas o históricamente discriminadas, como las personas migrantes y quienes se encuentran privadas de la libertad.
Además, proteger a grupos agredidos y discriminados como el personal del sector salud y personas diagnosticadas con COVID-19, así como vigilar el alza en la violencia doméstica y agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Expresa que es obligación de las autoridades combatir la desinformación al garantizar acceso a la información de forma oportuna, veraz y objetiva sobre el desarrollo de la pandemia y las medidas establecidas, así como orientación a la población.
